Nacionalización del litio ¿una estrategia agresiva o de balance entre la inversión extranjera y la soberanía nacional en la explotación del litio?

Nacionalización del litio

Litio, un elemento químico conocido mayormente por su alta conductividad eléctrica que le ha dado el privilegio de formar parte de casi cualquier aparato electrónico que podamos imaginarnos hoy en día, encontrándose presente desde las baterías de nuestros teléfonos móviles, hasta los autos eléctricos que podemos ver circulando en las calles cada vez con mayor frecuencia. 

Este metal, cuya importancia se ha disparado durante los últimos años atraviesa uno de sus momentos más críticos para el mercado, ya que “la producción global de litio experimentó un pico en 2021, con 100 mil toneladas extraídas.” (Notipress, 2022). 

Es precisamente debido a este aumento en la demanda que la extracción de este material se ha convertido en una industria o sector estratégico importante en ciertos países como: Chile, Argentina, Australia y China, siendo los dos primeros parte del denominado  “Triángulo del Litio” en conjunto con Bolivia, país del cual no se han podido realizar labores de extracción debido a factores técnicos y geográficos. 

Pero ¿cómo es que nuestro país gana relevancia dentro de este asunto de demanda internacional? Pues esto es debido a que México cuenta con el 2% de las reservas  globales de este mineral, convirtiéndose en la nación con mayor presencia de litio en su territorio.  

Y aunque esto podría parecer una noticia bastante positiva para la economía nacional, se  ha convertido mayormente en un caos y en una división de opiniones; principalmente  debido a la crítica de las decisiones tomadas por anteriores administraciones federales, que durante el año 2010 entregaron la concesión para las labores de explotación de litio a una empresa particular; hecho que fue respaldado en el año 2013  durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien otorgó nuevamente este derecho de explotación a la firma inglesa Bacanora Lithium y próximamente a la  firma china Ganfeng Lithium por un periodo de 100 años en el yacimiento ubicado en el Estado de Sonora, brindándole así la capacidad de extracción a estas compañías hasta el  año 2115.  

Estos actos despertaron descontento en algunos sectores de la sociedad, a lo que el mandatario Andrés Manuel López O., en agosto del 2022 y que para muchos, es comparable con lo realizado por el presidente Lázaro Cárdenas en el año 1938 con la expropiación petrolera: llevar a cabo la “nacionalización” del litio por medio de las reformas establecidas a la Ley Minera (como parte de las acciones para ejecutar el Plan Sonora). Según el presidente “el litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la nación” (López Obrador, 2022). 

A través de esta nueva propuesta presentada ante el congreso se llevó a cabo la creación de una nueva empresa estatal denominada LITIOMX, controlada por la Secretaría de 

Energía por medio de la cual se llevan a cabo labores de exploración y explotación de recursos de litio en nuestro país, proponiendo así que el Estado mexicano asuma un papel más activo en las actividades mineras relacionadas a este material y de otros  recursos naturales. 

A través de esta, según palabras del mandatario “inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías” (López, 2023). 

Por otra parte, y hablando de manera más general sobre la acción de “nacionalizar” recursos o bienes de una nación, nos encontramos con el hecho de que es importante que se consideren varios aspectos en este tema ya que no es una acción que deba  tomarse a la ligera.  

Planteándolo de forma concreta, la nacionalización de recursos naturales conlleva ciertas ventajas y desventajas; por el lado positivo encontramos el hecho de que: 

  • El gobierno podrá controlar y administrar los recursos de manera más efectiva 
  • Garantizar una división equitativa de los recursos económicos entre la población 
  • Puede aumentar la capacidad del país para regular el uso sostenible de los recursos y protección del medio ambiente.

En el aspecto negativo, nos encontramos con otros de los puntos críticos a considerar dentro de este tema, el cual está estrechamente relacionado con la inversión extranjera y la limitación a la entrada de tecnologías y conocimientos especializados en la materia. 

Ya que, si bien el gobierno considera que la protección de estos recursos es necesaria para mantener un control sobre la seguridad de la nación, la puesta en marcha de acciones como las llevabas a cabo puede interpretarse como agresivas por parte de las empresas extranjeras, ya que realmente no se está midiendo la magnitud de la participación de las mismas dentro de las actuales actividades de extracción y explotación. 

Esto podemos verlo explícito en el hecho de que los rendimientos económicos generados  por esta actividad se verán reflejados a largo plazo, y ello asumiendo que las reservas  existentes sean rentables de extraer, aunado al hecho de las labores efectivas de  explotación del mineral requieren de tecnologías avanzadas con las que el Estado  mexicano no cuentan en el momento, nos deja con una incertidumbre total de si el  gobierno, con las actuales políticas de austeridad, sería capaz de gestionar de manera  correcta la inversión en este proyecto sin la presencia de compañías extranjeras.  

Además, de que los constantes problemas de corrupción y mal manejo de los recursos públicos hacen un énfasis en la gran incertidumbre sobre el éxito de la nacionalización, puesto que ya se cuentan con antecedentes como el de la deuda enorme adquirida por la empresa estatal PEMEX, la cual actualmente cuenta con una producción petrolífera muy por debajo de sus máximos.

Todo lo anterior establece un panorama complicado para la realidad que pretendía  alcanzarse al momento de llevar a cabo una acción de tal magnitud, por lo que quizás una  de las mejores estrategias que podría implementar el gobierno mexicano estaría  encaminada a eliminar la palabra “nacionalización” de sus planes, ya que realmente a  través de las acciones realizadas como la creación de LitioMx, no se le están eliminando  las concesiones otorgadas en sexenios anteriores a las empresas extranjeras; de esta manera,  basándonos en el principio de retroactividad planteado en el artículo 14 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es posible reformar una ley para actuar en  perjuicio de persona alguna; además de que en todo caso, el realizarlo solo significa incrementar la corrupción institucional a través de dependencias estatales que no llevan de forma correcta un manejo de recursos, así como a su vez se reduciría la llegada de la  inversión extranjera como ya se mencionaba, lo que generaría únicamente la puesta en  juego del desarrollo económico y la estabilidad del país. 

En conclusión y desde un punto de vista conjunto, podemos establecer que la supuesta  nacionalización de este recurso fue lo que se denomina como una idea “sin pies ni  cabeza”, ya que como se analizó con anterioridad, si realmente se aplicaba la propuesta  de forma íntegra debería corromperse la ley y eso no es precisamente algo que vaya a  suceder, pues el propio gobierno sostuvo conversaciones con las empresas concesionadas para persuadirlas a renunciar a sus proyectos; por lo que lo que deberá  hacerse es llevar a cabo un esfuerzo conjunto con esas mismas empresas al tiempo que el gobierno vigila la extracción y explotación a través de LitioMx.

 

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